En Colombia, el arte
contemporáneo ha ganado visibilidad en los últimos años. Los gobiernos lo
mencionan en sus planes, las instituciones culturales multiplican convocatorias
y los discursos oficiales lo presentan como motor de transformación social.
Pero detrás de esa narrativa optimista hay una pregunta que no desaparece: ¿de
verdad el arte está transformando algo o solo se volvió parte del espectáculo
político?
Cada administración promete acercar la cultura a la gente. Sin embargo, en la práctica, los grandes eventos se concentran en las capitales, los presupuestos se quedan en los mismos círculos y las decisiones sobre qué es arte y qué merece apoyo se toman desde arriba. La política cultural está llena de buenas intenciones, pero pocas veces escucha las voces que realmente valen la pena: las de los artistas jóvenes, los colectivos barriales y las comunidades que usan el arte como forma de resistencia o de denuncia.
El arte contemporáneo, en teoría, debería ser un espacio libre: un lenguaje para pensar la sociedad, para incomodar, para criticar. Pero muchas veces se usa como adorno del poder. Se inauguran murales mientras se ignoran las causas sociales que los inspiran; se promueven exposiciones “participativas” que en realidad no cambian nada. Y en medio de todo, la juventud observa con desconfianza. Sabe que el arte puede tener una fuerza política real, pero siente que la institucionalidad lo neutraliza.
Los jóvenes crean desde otros lugares: desde el grafiti que denuncia la violencia, desde la performance callejera que protesta, desde la música y el arte digital que conectan con causas sociales. Esas expresiones, aunque no siempre estén en los museos, son profundamente políticas. Hablan de desigualdad, de territorio, de identidad, de memoria. Representan una generación que no separa el arte de la política, porque entiende que ambas cosas son formas de participación y de poder.
Ahí está la paradoja: mientras la política tradicional busca que el arte sea una vitrina de unidad o de imagen, los jóvenes lo entienden como una herramienta de expresión y de crítica. Lo usan para cuestionar, no para aplaudir. Y eso es incómodo. Pero esa incomodidad es necesaria: sin ella, el arte se convierte en decoración y la política en publicidad.
Si los gobiernos quieren que la cultura realmente se transforme, deben empezar por reconocer el arte como espacio político, no solo como evento cultural. Invertir en formación, en residencias, en procesos comunitarios sostenibles. Escuchar a los jóvenes, no solo usarlos para llenar plazas. Porque el arte no necesita permiso para existir, pero sí necesita condiciones para perdurar.
Quizás el desafío más urgente no es llenar la ciudad de exposiciones, sino abrir la política a la sensibilidad artística: esa que cuestiona, que observa y que propone. Porque mientras el arte no llegue al barrio y la política no escuche su eco, seguiremos repitiendo la misma historia: un país que celebra su cultura, pero que aún no la entiende como fuerza de cambio.


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