¿Por qué no lo hicieron los venezolanos?

Escrito por Sofia Rojas

Columnista asociada de la Nota

Me parece curioso que alrededor de los sucesos ocurridos en Venezuela existan tantas opiniones que condenan la intervención estadounidense “porque es un problema que afecta a la región”, pero que, al mismo tiempo, evitaron condenar con antelación y firmeza a un régimen dictatorial que sí afectó directamente a América Latina.

Venezuela era una bomba de tiempo. Los venezolanos llevamos años advirtiéndolo, pero fuimos ignorados hasta que la crisis se escaló. La verdadera postura internacional parecía ser no involucrarse directamente porque “no era su problema”, y aun así, hoy la región ha recibido a más de 8 millones de venezolanos desplazados forzosamente, según datos de ACNUR y la OIM.

Esto no es una problemática nacional, sino internacional. Y ante la globalidad del fenómeno migratorio y represivo, no se puede responder con indiferencia. Lo que se requiere es comprensión real, estudio serio y condena explícita a los crímenes de lesa humanidad que ya estaban siendo documentados mucho antes de la reciente escalada represiva en Caracas.

Sin embargo, lo que más llama mi atención son los comentarios que afirman que “la solución debió nacer del pueblo venezolano” o que “ellos debieron sacar a Maduro por su cuenta”. El problema con estas afirmaciones es que parten de una premisa falsa: eso ya se intentó, y se intentó muchas veces. Lo que casi no se discute, especialmente desde los organismos internacionales y la opinión pública regional, son las consecuencias de haberlo intentado.

Hablemos del escenario más reciente: las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Estas no solo evidenciaron uno de los mayores fraudes electorales documentados en el país —gracias a la recolección y verificación de actas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil—, sino que además detonaron protestas masivas, en su mayoría espontáneas, a nivel nacional, como respuesta al evidente desconocimiento de la voluntad popular.

El saldo fue devastador: más de 2.000 detenciones arbitrarias y encarcelamientos extrajudiciales, entre ellas más de 200 niños, niñas y adolescentes; asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado —la mayoría ocurridos entre el 29 y el 30 de julio, según Human Rights Watch—, así como un aumento significativo de denuncias por tortura, tratos crueles y violencia sexual contra personas detenidas. Estos patrones no son hechos aislados, sino prácticas sistemáticas ya documentadas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas.

Y aquí es donde llego al punto central: responder, con hechos, a la pregunta de “¿por qué no lo hicieron los venezolanos?”.

Venezuela no solo enfrenta un Estado profundamente corroído por la corrupción, sino un aparato institucional diseñado para sostenerla. Las leyes no limitan al poder, lo habilitan; y el control absoluto sobre los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas garantiza su permanencia. Estamos frente a uno de los ejemplos más claros de desequilibrio de poder en la región: los poderes judicial, electoral y legislativo fueron desmantelados para servir al Ejecutivo. Hoy funcionan como apéndices del poder presidencial, avalando su dominio tanto en lo jurídico como en lo material.

Parte fundamental de este sistema de control social se ejecuta a través de los principales cuerpos represivos del Estado: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A ellos se suman grupos civiles armados o parapoliciales conocidos como “colectivos”.

El fenómeno de los colectivos es más complejo de lo que suele percibirse desde afuera. Se trata de estructuras con poder territorial, armamento y capacidad de acción equiparable —y en ocasiones sustitutiva— a la de los cuerpos policiales. Pueden extorsionar, asesinar y participar en detenciones ilegales de personas que se atrevan, siquiera, a cuestionar el status quo.

Esto se evidenció con claridad durante las elecciones mediante la llamada “Operación Tun Tun”: una estrategia de persecución que combinó acciones de cuerpos de seguridad del Estado, militares activos y colectivos armados. A través de aplicaciones, listas o denuncias directas, se señalaba a personas identificadas —o simplemente sospechadas— como opositoras, para que fueran detenidas. Y efectivamente, se las llevaban.

¿La consecuencia? Condenas de hasta 25 años de prisión por delitos como “incitación al odio”, “terrorismo” o “traición a la patria”.

¿El delito real? Subir un estado de WhatsApp, hablar del tema en público, conversar por teléfono, expresar una opinión crítica o, simplemente, pensar distinto.

La ciudadanía fue sometida mediante el miedo: miedo a la cárcel, a la tortura, a la desaparición. Frente a ese escenario, la única salida posible para millones fue el exilio. No por falta de voluntad política, sino porque quedarse significaba ser silenciado, encarcelado o eliminado por un sistema que lleva más de 20 años perfeccionando su maquinaria represiva.

Entonces, no es que los venezolanos “no lo hicieron”. Es que hacerlo tuvo —y sigue teniendo— un costo que el mundo decidió no mirar a tiempo.

Y para cerrar quiero traer una frase que he estado leyendo últimamente en redes sociales:

“Si el Derecho Internacional no puede evitar que yo sea torturado en una celda en el Helicoide, pero sí protege a Maduro para que pueda seguir torturándome en el Helicoide, el Derecho Internacional no sólo me sirve de nada, sino que me está jodiendo”.

– Periodista Español Cristian Campos