El fin de semana se conmemoró el “28S”, una fecha reconocida internacionalmente como el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. En Colombia, uno de los pocos países de Latinoamérica que permite el aborto hasta las 24 semanas de gestación —según la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional—, esta fecha adquirió especial relevancia. Posterior a ese límite, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo posible bajo las tres causales establecidas desde 2006: riesgo para la salud física, mental o emocional de la persona gestante; embarazo producto de violencia sexual; y presencia de una patología fetal incompatible con la vida.
Esta conmemoración es significativa para los movimientos feministas y activistas del país, pues representa el reconocimiento de la maternidad como una decisión libre y consciente, y no como una obligación impuesta a las mujeres. Con ello, se refuerza la primacía de los derechos de la mujer sobre los del feto.
En paralelo, durante septiembre se realizó en el Congreso de la República la segunda convención pro-vida, bajo el lema “Salva a Colombia, ¡ten hijos!”. Esta campaña, impulsada principalmente por una bancada cristiana con participación de senadoras como Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Karina Espinosa (Partido Liberal), volvió a abrir el debate en torno al papel de la mujer y la maternidad. El discurso de la convención retomó una visión tradicional y machista de la mujer como madre y cuidadora, en contraste con la realidad actual, en la que las mujeres se conciben como sujetos plenos de derechos, profesionales y con capacidad de decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.
Este debate se alimentó con los recientes informes del DANE sobre natalidad en Colombia. Algunos sectores opositores al aborto manipularon las cifras, destacando únicamente que entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 los nacimientos disminuyeron de 453.901 a 243.870, la cifra más baja en años. Sin embargo, el análisis detallado evidencia un avance: las niñas entre 10 y 14 años presentan los índices más bajos de maternidad en las zonas urbanas, municipales y rurales, y los embarazos adolescentes entre 15 y 19 años muestran una disminución significativa en comparación con décadas pasadas. Estos datos reflejan el impacto positivo de las políticas de educación sexual y reproductiva, así como de la posibilidad de decidir de manera informada sobre la maternidad.
Comparada con la de 2018
A pesar de estos avances, el debate en torno al aborto en Colombia sigue siendo complejo. Aunque el país ha avanzado normativamente, persisten resistencias sociales que consideran el aborto como un crimen contra la vida. No obstante, es fundamental resaltar que, antes de la despenalización, el aborto clandestino representaba la principal causa de muerte materna, con aproximadamente 200.020 mujeres fallecidas y una estimación de 400.040 abortos inseguros al año, según la ONU. Dos años después de la legalización, en 2024, la cifra de muertes maternas se redujo a 161, lo que demuestra que el acceso seguro al aborto prioriza la vida, la salud y la dignidad de las mujeres.
El 28S en Colombia refleja tanto los avances como las tensiones que persisten en torno al derecho al aborto. Mientras que a nivel jurídico el país se posiciona como referente en Latinoamérica al reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres, los discursos conservadores mantienen una fuerte oposición cultural y política. No obstante, la evidencia estadística demuestra que la legalización del aborto ha salvado vidas, ha contribuido a reducir embarazos adolescentes y ha fortalecido las políticas públicas de salud y educación sexual. Por tanto, más que un retroceso, estas transformaciones deben entenderse como un paso hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.
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