El ambiente en el Congreso de la República es un reflejo de la Colombia actual: un tablero profundamente polarizado. Mientras la bancada del Centro Democrático y el Partido Conservador han llegado con una agenda marcada por el endurecimiento de penas y el orden tradicional, como la eliminación de la Veeduría en Bogotá, el límite al impuesto predial y la eliminación del 4x1000, los partidos que conforman el "centro político" han alzado la voz para advertir sobre un retroceso en derechos fundamentales. Esta tensión, que quedó evidenciada desde la primera sesión, convierte la nueva legislatura en un escenario de confrontación ideológica, donde cada proyecto de ley es apenas una ficha en una partida mucho más grande por el rumbo del país.
En medio de este clima, varias de las iniciativas presentadas parecen estar diseñadas para caminar de la mano con el presidente electo, junto con el apoyo del partido Salvación Nacional. Propuestas como la formalización de pequeños mineros, la creación de un programa de formación tecnológica para jóvenes y la reforma al sistema catastral (que busca evitar avalúos que superen el 50 % del valor comercial del predio) coinciden con el discurso de desarrollo económico y descentralización que el nuevo mandatario ha promovido. Estas banderas, que buscan dar certidumbre jurídica a sectores productivos, aparecen como el puente natural entre la nueva administración y un Congreso que, aunque dividido, necesita mostrar resultados en materia de empleo y crecimiento.
Por su parte, la bancada del Pacto Histórico ha asumido el rol de motor de las propuestas más innovadoras, en un intento por mantener vigente la agenda de transformaciones sociales. Lideran iniciativas como la creación de una Jurisdicción Agraria para resolver conflictos de tierra, un sistema nacional del cuidado, pensión para campesinos, ley de derechos menstruales y una reforma política con listas cerradas y paritarias que busca democratizar el acceso al poder. También han impulsado proyectos con un fuerte componente ambiental, como reconocer al Lago de Tota como "sujeto de derechos", y apoyan la última propuesta del saliente gobierno: la prohibición del fracking, una apuesta que marca una clara diferencia con el enfoque más tradicional de sus contrapartes.
Sin embargo, la chispa que ha encendido el debate nacional ha sido el anuncio del representante David Cote y la bancada provida, quienes radicaron un proyecto de Acto Legislativo para modificar la Constitución y prohibir el aborto en el país. La iniciativa, que busca declarar la vida desde la fecundación, es un intento directo de revertir el histórico fallo de la Corte Constitucional de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Aunque los congresistas conservadores confían en el respaldo del nuevo presidente para esta causa, organizaciones feministas y constitucionalistas ya han advertido que el proyecto es inviable, pues no solo desconoce los tratados internacionales, sino que ignora que la sentencia C-055 se fundamenta en la estructura y el acceso del derecho al aborto.
Por lo que puedo concluir que el panorama es complejo pero revelador: lo que estamos viendo es un clásico choque entre un Congreso que necesita mostrar su fortaleza en esta primera legislatura y un nuevo gobierno que requiere gobernabilidad. Es importante resaltar que, aunque proyectos como el del aborto o la pena de muerte para violadores tienen un alto costo político y capturan toda la atención, su viabilidad es prácticamente nula debido a los ocho debates que exigen, además de que no poseen una mayoría clara para su aprobación, sin contar con la baja posibilidad de que sean aprobadas por la Corte Suprema, como en legislaturas pasadas. La verdadera partida no está en el aborto, sino en las reformas económicas y de seguridad, donde el gobierno actual necesitará el apoyo de los partidos políticos para lograrlas, por lo que tendrá que enfrentarse al Pacto Histórico, el partido político con más fuerza en este nuevo Congreso, y necesitará el apoyo de los congresistas de otras colectividades.
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