Cada vez que Colombia conoce un nuevo feminicidio, la reacción institucional parece repetirse: rechazo, promesas de investigación y el recordatorio de que el país cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de la región para combatir la violencia contra las mujeres. Sin embargo, los hechos muestran una realidad distinta. Los feminicidios de Jennifer Guevara Córdoba, Marcela Gómez Sepúlveda y María Camila Potosí en Cali; el de Rosa Mayerly Olaya Coronado mientras trabajaba en Soacha; y el triple feminicidio ocurrido en Bosa en marzo de este año evidencian que el problema ya no es la ausencia de normas, sino la incapacidad del Estado para que las leyes se traduzcan en justicia.
La pregunta es inevitable: si Colombia cuenta con leyes específicas contra el feminicidio y ha asumido compromisos internacionales para prevenir y sancionar la violencia de género, ¿por qué las víctimas siguen encontrando una justicia lenta, insuficiente o, en muchos casos, inexistente?
La expedición de la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, representó un avance trascendental al reconocer el feminicidio como un delito autónomo. A ello se suman compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que obligan al Estado colombiano a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
No obstante, las leyes por sí solas no protegen a nadie. Su eficacia depende de instituciones capaces de prevenir la violencia, atender oportunamente las denuncias, investigar con celeridad y sancionar a los responsables. Cuando esas instituciones fallan, el marco normativo pierde capacidad para garantizar los derechos que reconoce.
El triple feminicidio en Bosa es una muestra de esa realidad. Más allá de la condena impuesta al responsable, el caso deja una pregunta incómoda: ¿qué mecanismos de prevención fallaron para que una situación de violencia terminara con el asesinato de tres personas? La respuesta no puede limitarse al aumento de penas; la justicia también debe actuar antes de que la violencia alcance consecuencias irreparables.
Algo similar ocurre con otros instrumentos legales. En 2025 fue aprobada la Ley 2530 de 2025, que establece medidas de protección integral para los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos por causa del feminicidio de su madre. Sin embargo, diversas organizaciones han advertido dificultades para su implementación debido a la falta de reglamentación y recursos. Esta situación refleja un problema recurrente en Colombia: aprobar una ley suele ser políticamente más sencillo que garantizar su aplicación efectiva.
También resulta preocupante la lentitud con la que avanzan algunas iniciativas relacionadas con la protección de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Mientras ciertos casos han impulsado reformas legales importantes, otros proyectos permanecen durante años en discusión sin una definición clara. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para responder con oportunidad frente a problemas que cuentan con amplio respaldo ciudadano.
Ahora bien, sería un error reducir esta violencia a un problema exclusivo de pobreza o marginalidad. El feminicidio atraviesa todos los estratos sociales, territorios y niveles educativos. Las mujeres no son asesinadas por su condición económica, sino por una violencia basada en relaciones de poder, discriminación y desigualdad de género. Por ello, la respuesta estatal debe reconocer que esta problemática exige políticas permanentes de prevención, protección y justicia para todas las mujeres. La violencia feminicida no responde a un único perfil de víctima o agresor; responde a una estructura cultural que ha permitido la normalización de distintas formas de violencia contra las mujeres.
Por eso, el debate no debería centrarse únicamente en crear nuevas normas. Colombia ya cuenta con un marco jurídico amplio para enfrentar el feminicidio; el desafío está en garantizar que esas herramientas funcionen y que las investigaciones avancen con rapidez, rigurosidad y sensibilidad frente a las víctimas y sus familias.
Ante la ausencia de respuestas oportunas, muchas familias terminan convirtiéndose en impulsoras de sus propios procesos de búsqueda de justicia. Las manifestaciones, las denuncias públicas y la presión ciudadana se han convertido en mecanismos para exigir que los casos no queden en el olvido. Sin embargo, ningún sistema de justicia debería depender de la resistencia de las familias para reclamar respuestas. El reto de Colombia no es únicamente castigar a quienes cometen estos crímenes, sino construir un sistema en el que ninguna víctima tenga que transformar su dolor en una lucha permanente para obtener justicia.
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