Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia.
Durante toda su carrera como abogado penalista, Abelardo de la Espriella construyó su reputación sobre una idea muy simple, que la fuerza bien exhibida vale más que la prudencia. Ganaba casos mediáticos apareciendo en cámara, convirtiendo cada proceso judicial en un espectáculo público que intimidaba a la contraparte antes de que un juez dijera la última palabra. Esa lógica le funcionó durante años en los tribunales y ahora la trasladó, sin ajustar una coma, al manejo de la seguridad del Estado. Desde que asumió el poder, su gobierno ha ejecutado bombardeos que ya dejaron decenas de muertos, entre ellos varios menores de edad, y el propio presidente ha optado por narrar cada uno de esos operativos como un triunfo personal en redes sociales, caminando entre cadáveres o recibiendo capturados con un tono casi festivo. El problema no es solo la letalidad de esas operaciones, es que el gobierno parece medir su éxito en la puesta en escena y no en las vidas civiles que quedan en el camino. Y esa apuesta, sostenida en el espectáculo y no en el cuidado, puede terminar costándole al país mucho más de lo que el presidente está dispuesto a admitir.— La promesa que se rompió en menos de un mes
En su discurso de posesión en Cali, Abelardo de la Espriella prometió que los niños y las mujeres serían una prioridad para su gobierno, que la seguridad llegaría para proteger a los más vulnerables del país. Menos de tres semanas después, esa promesa ya se había convertido en su contrario más exacto.
El 27 de agosto, un bombardeo militar en zona rural del Guaviare dejó diez muertos, y tres de esos cuerpos correspondían a adolescentes de quince y dieciséis años. El presidente no ofreció una sola palabra de duda ni de autocrítica. Respaldó sin matices la operación y culpó exclusivamente a los grupos armados por reclutar a esos menores, como si eso resolviera la pregunta de fondo, que es si el Estado tenía la obligación de evitar esas muertes antes de apretar el gatillo.
Y los niños no son las únicas víctimas de esta nueva guerra. En el Meta, comunidades campesinas llevan meses denunciando lo que ellas mismas describen como violaciones reiterativas al derecho a la vida por parte del Ejército, no hechos aislados. En el Catatumbo, otro bombardeo dejó civiles heridos y generó investigaciones por posibles desplazamientos forzados. Y apenas esta semana, una junta de acción comunal denunció el asesinato de un campesino desarmado a manos de las mismas tropas que deberían protegerlo. Ese es el patrón real detrás del discurso de la mano dura, y no lo digo con sospecha, lo digo con los hechos ya acumulados.
— El presidente que convirtió la guerra en contenido
Lo que más me indigna de todo este mes y medio no son solo las cifras, es la manera en que el propio presidente ha convertido cada golpe militar en un show para redes sociales. El 3 de septiembre caminó personalmente entre los cadáveres de veintitrés supuestos guerrilleros abatidos en Miraflores, Guaviare, y grabó ese recorrido para publicarlo como si fuera un trofeo. La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, lo acusó de convertir la muerte en propaganda, y yo comparto exactamente esa lectura.
Hace apenas unos días vimos otro episodio de ese mismo libreto, cuando recibió a un capturado apodado "Araña" con un tono casi festivo, dándole una supuesta "bienvenida a la Patria Milagro" frente a las cámaras, como si un operativo judicial fuera una escena de reality show y no un procedimiento serio del Estado. Antes de eso ya lo habíamos visto sosteniendo una serpiente viva por la cabeza para hablar de las "culebras" que enfrenta el país, en un video con efectos de tigres y música militar de fondo.
Entiendo que este presidente construyó su marca personal como abogado mediático mucho antes de llegar al poder, y que el show forma parte de su manera de comunicar. Pero cuando ese show se monta sobre cadáveres reales, sobre capturas de seres humanos que aún tienen derecho a un debido proceso, y sobre operaciones que ya han dejado niños y campesinos muertos, dejo de verlo como estilo personal y empiezo a verlo como una forma de banalizar la violencia del Estado frente a un país que la sigue pagando con sangre propia.
— El hombre más protegido de Colombia con un arma al cinto
Hay una imagen que me parece profundamente reveladora de todo este momento político, y es la del propio presidente portando un arma al cinto en distintos actos públicos. Abelardo de la Espriella es, por la naturaleza misma del cargo que ocupa, el hombre más custodiado de todo el país. Tiene esquema de seguridad, escoltas armados, inteligencia militar y toda la fuerza pública detrás suyo las veinticuatro horas del día.
Que aun así decida mostrarse con un arma visible no es un gesto de valentía ni de cercanía con la tropa, como quieren venderlo. Es un mensaje calculado de fuerza, dirigido a un país que ya está suficientemente atemorizado por las bandas criminales, y que ahora también tiene que digerir que su propio jefe de Estado se presenta armado ante la ciudadanía, como si gobernar fuera un ejercicio de intimidación permanente y no de autoridad institucional.
Ese simbolismo importa más de lo que parece. Un presidente que necesita mostrar un arma para transmitir autoridad está admitiendo, sin decirlo, que su liderazgo se sostiene en el miedo y no en la confianza. Y un país que ya enterró niños, campesinos e indígenas bajo esta misma narrativa de fuerza tiene todo el derecho a interpretar ese gesto como una advertencia más que como un símbolo de protección.
— Cuando gobernar se mide en cadáveres y no en vidas salvadas
De la Espriella se propuso una meta que a estas alturas ya suena macabra, realizar quince grandes operaciones militares en sus primeros cien días de gobierno. Con apenas tres ejecutadas, ya suma treinta y ocho integrantes de grupos armados dados de baja, sin contar a los civiles que han quedado en el camino.
El senador del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz lo dijo con una claridad que comparto por completo, el éxito de una política de seguridad se mide en vidas salvadas, no en la cantidad de bajas que un gobierno puede exhibir como trofeo. Cuando el número de operaciones se vuelve la vara con la que un presidente mide su propio éxito, los civiles atrapados en el medio dejan de importar y se convierten en un costo aceptable dentro de una cuenta que nadie más que el Palacio está llevando.
Analistas de seguridad ya lo advirtieron, la inteligencia militar sigue sin la precisión suficiente para ubicar con exactitud a los grupos armados antes de autorizar un ataque. Es decir, el gobierno está bombardeando primero y afinando la puntería después, con los cuerpos de adolescentes, campesinos e indígenas como margen de error que nadie parece dispuesto a cuestionar desde adentro del propio gobierno.
— El Congreso que le lavó la cara al ministro de Defensa
El 23 de septiembre, el Senado tuvo la oportunidad de ponerle un freno real a esta lógica y no lo hizo. La moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, por los bombardeos de Guaviare, fue negada con sesenta y cinco votos en contra frente a apenas diecisiete a favor.
Lo que más me indigna no es el resultado numérico, que ya se veía venir en un Congreso alineado con el gobierno. Es el argumento con el que se le lavó la cara al ministro durante el debate. La defensa oficial se resumió, en esencia, en que Mora simplemente ejecutaba lo que el propio presidente le ordenaba, y que la ley lo respaldaba plenamente para hacerlo. Ese argumento no exonera a nadie, lo compromete a todos.
Si un ministro puede escudarse en que solo obedecía órdenes presidenciales para justificar la muerte de menores y civiles, entonces la responsabilidad política terminó evaporándose entre el Palacio y el Ministerio, sin que nadie tenga que responder por nada. Y si además la ley se invoca como blindaje automático para cualquier bombardeo, sin importar quién termine entre los cadáveres, entonces el debate sobre responsabilidad política en Colombia quedó reducido a un trámite protocolario que el gobierno siempre va a ganar por mayoría.
— Lo que este gobierno no quiere admitir
No tengo ninguna duda de que este modelo de seguridad va a seguir cobrando vidas civiles mientras nadie adentro del gobierno esté dispuesto a frenarlo. Cada bombardeo se defiende con el mismo libreto, cada muerto se justifica con el mismo argumento del enemigo que reclutaba niños o que usaba civiles como escudo, cada captura se celebra como si fuera un episodio de entretenimiento, y cada moción de censura se hunde con la misma mayoría mecánica que protege al ministro de turno.
Colombia ya vivió antes esta lógica de medir la seguridad en bajas y no en vidas protegidas, con los falsos positivos, con los bombardeos que organismos internacionales cuestionaron en gobiernos anteriores, y sabemos exactamente a dónde conduce ese camino cuando nadie lo detiene a tiempo. Que este gobierno esté dispuesto a recorrerlo de nuevo, con un presidente armado al cinto que convierte cada operativo en contenido para redes, y un Congreso dispuesto a lavarle la cara a cualquier ministro, no es un desliz de comunicación. Es una decisión de fondo sobre qué tipo de Estado quiere construir Abelardo de la Espriella, y yo no pienso dejar de señalarlo mientras siga ocurriendo.
Nota, el próximo jueves 1 de octubre publicaremos el análisis sobre las elecciones en Brasil, con nuestra lectura sobre lo que está en juego allá y lo que ese resultado puede significar para la región.
Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Se desempeña como investigador junior en temas de gobernabilidad, conflicto armado y calidad de la democracia. Ha sido analista de coyuntura nacional en medios de comunicación alternativos. Es columnista de opinión en revistas como Vía Pública y Al Poniente, y es colaborador editorial en espacios como El Espectador, EsDePolitólogos, la Revista Arista Jurídica, la Revista de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y la Registraduría Nacional.
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