EXCLUSIVA: así empezó la "masacre laboral" contra los sindicatos en el DAPRE

Accedimos en exclusiva a documentación interna y a comunicaciones reservadas que revelan una ola de insubsistencias dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. Se trata de información que no ha circulado públicamente hasta ahora y a la que tuvimos acceso privilegiado a través de fuentes directas dispuestas a hablar bajo reserva de identidad.

UNEPCOL, sindicato de funcionarios del DAPRE, fue la fuente primordial de esta investigación: a través de sus dirigentes y afiliados accedimos a los primeros indicios del patrón que describimos en esta nota, y con su permiso expreso hacemos visible su nombre en este artículo. Es importante precisar, sin embargo, que la información no se limitó a esa sola organización: también recurrimos al comunicado y a fuentes vinculadas a SINEDAPRE —presidido por Herlinda Ordóñez Perdomo—, así como a otros canales propios de verificación de La Nota, entre ellos una fuente dentro del DAPRE y el registro público de financiación de campañas del Consejo Nacional Electoral.

El sindicato SINEDAPRE denuncia que la cifra de afectados podría acercarse a 50 personas, mientras que una fuente con acceso directo a los casos —cuya identidad protegemos por seguridad— asegura que el número real "ya supera los 100" y que se trata de una persecución "clara y reiterada" contra los sindicalizados.

Por tratarse de información obtenida mediante fuentes protegidas, y dado que las personas afectadas no han hecho pública su situación por iniciativa propia, decidimos reservar sus nombres reales y referirnos a ellas mediante identificadores genéricos.

Cómo llegamos a esta historia

Esta investigación comenzó cuando una de las personas afectadas por las insubsistencias, vinculada a UNEPCOL, nos contactó directamente a través de Instagram, aportando parte de la documentación que hoy sustenta esta nota. En menos de 24 horas decidimos abrir la investigación: verificamos la autenticidad de la información, la contrastamos con el comunicado público de SINEDAPRE y buscamos una segunda fuente independiente dentro de la propia entidad. Un funcionario del DAPRE, cuya identidad también protegemos, confirmó extraoficialmente lo recabado. Nos reunimos además con varios de los funcionarios implicados —afiliados tanto a UNEPCOL como a SINEDAPRE— para escuchar sus versiones de primera mano, cuyos testimonios recogemos más adelante en esta nota.

La versión del sindicato: hasta 44 insubsistencias solo entre sus afiliados

En un comunicado firmado por la presidenta de SINEDAPRE, Herlinda Ordóñez Perdomo, y por el presidente de la CGT Democrática e Independiente, Jorge Iván Díez Vélez, la organización sindical alertó a sus afiliados que la cifra de personas afectadas por "solicitudes de retiro, desvinculaciones unilaterales e insubsistencias" en el marco de la reestructuración del DAPRE "podría acercarse a cincuenta (50) afiliados, de los cuales más de cuarenta y cuatro (44) corresponden específicamente a declaratorias de insubsistencia".

"Más de cuarenta y cuatro (44) corresponden específicamente a declaratorias de insubsistencia."

El sindicato anunció una estrategia jurídica en tres frentes para cada afiliado afectado: recurso de reposición dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, acción de tutela para quienes tengan estabilidad laboral reforzada (fuero sindical, prepensión, discapacidad, embarazo o lactancia, cabeza de familia), y acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa. También confirmó que adelanta gestiones directas con el Gobierno nacional a través de la CGT para exigir "que en el proceso de reestructuración se respete la estabilidad laboral reforzada" y "el derecho fundamental de asociación y libertad sindical".

"Hay una masacre laboral": el testimonio de una fuente interna

En entrevista con este medio, una fuente con conocimiento directo de los casos —a quien identificaremos únicamente como una fuente sindical con acceso a los expedientes, por razones de protección— fue más allá de las cifras oficiales del comunicado:

"Hay una masacre laboral. Se viene presentando una situación generalizada de despidos a funcionarios con estabilidad reforzada y con fuero sindical, lo que representa no solo una vulneración a derechos fundamentales sino un desconocimiento de convenios de la OIT y de la libertad de asociación y sindical."

Según la fuente, los despidos "ya superan los 100" funcionarios, y afirma que hay casos documentados de mujeres embarazadas, cabezas de familia, personas con hijos en condición de discapacidad, así como personal de cocina y conductores —perfiles que, de confirmarse, podrían calificar como estabilidad laboral reforzada bajo la legislación colombiana, independientemente de si los cargos son de libre nombramiento y remoción.

Es importante precisar: esta cifra de "más de 100" y la caracterización de "persecución clara y reiterada" a los sindicatos son, hasta el momento, una denuncia de nuestras fuentes, no un dato confirmado de forma independiente por este medio. La discrecionalidad con la que se emiten los actos de insubsistencia en cargos de libre nombramiento y remoción hace que la conexión entre cada desvinculación puntual y una eventual afectación sindical no surja de un documento oficial, sino de las denuncias del sindicato y de las fuentes internas consultadas.

Voces desde adentro: los testimonios que reconstruyen el patrón

Tuvimos acceso a un encuentro con varios de los funcionarios afectados, quienes narraron en primera persona cómo se dieron sus desvinculaciones. Protegemos la identidad de todos ellos y los identificamos únicamente como Voz 1, Voz 2, Voz 3 y Voz 4.

Voz 1, integrante de la junta directiva de uno de los sindicatos, relató que fue una de las primeras personas del gremio en ser desvinculada tras el inicio del nuevo gobierno. Su versión aporta el dato más revelador de esta investigación: afirma que al revisar el orden en que se emitieron las resoluciones de insubsistencia, notó que no siguieron un criterio por áreas o dependencias, sino que coincidían con el orden de los nombres en la lista de la mesa directiva del sindicato, "independientemente de que fueran de otras áreas de la entidad". Según cuenta, tras su desvinculación interpuso una tutela alegando su fuero como directivo sindical, y poco después el resto de integrantes del sindicato también fue notificado de su insubsistencia. Para esta fuente, esto "presenta un indicio, por lo menos, de una persecución sindical" orientada a "acabar con el sindicato por sustracción de materia".

Voz 2 relató que es padre de tres hijos, dos de ellos en condición de discapacidad —uno con dos enfermedades huérfanas, incluido un cáncer— y aseguró haber radicado ante la entidad toda la documentación de soporte: certificados de discapacidad, historias clínicas y una declaración notarial como responsable económico del hogar. Según su versión, pese a que esa información era "de conocimiento casi que de toda la entidad", la resolución de su insubsistencia no le llegó al correo institucional sino directamente a su correo personal, "como si ya fuera... usted ya no pertenece a la entidad". Afirma no tener certeza de a qué obedece la medida en su caso, pero la describe como "algo arbitrario, fuera de lo normal".

Voz 3, quien ingresó a la entidad como contratista tercerizada tras varios años en el sector privado y luego pasó a un cargo de planta, dijo haber estado a cargo de proyectos de gran envergadura, como procesos de modernización de infraestructura. Relató que, tras conocerse su desvinculación, alguien le insinuó que "eso le pasó por ser petrista", una afirmación que rechaza: dice que nunca había militado en un sindicato y que se afilió únicamente "buscando ayudar y colaborar" ante situaciones que consideraba injustas. Describió un fuerte impacto emocional —"nervios de punta", necesidad de atención psicológica en la sala de bienestar emocional de la entidad— y afirmó sentirse "atacada, en lo personal y en lo emocional" desde el inicio del nuevo gobierno.

Voz 4, asesora y también integrante de la junta directiva del sindicato, señaló que su desvinculación la deja en condición de vulnerabilidad al ser madre cabeza de hogar. Su denuncia central no es la cifra de despidos en sí, sino que, según su relato, la totalidad de los miembros de la junta directiva del sindicato fue retirada, lo que a su juicio constituye una vulneración al derecho fundamental de asociación sindical. Enfatizó que pertenecer a un sindicato "no impide que la administración tome decisiones", pero que existen garantías constitucionales que exigen revisar caso por caso antes de desvincular a personas con esa protección, "independientemente de si son de libre nombramiento y remoción".

Los cuatro testimonios coinciden en un punto que trasciende las cifras: la denuncia no es únicamente el número de personas desvinculadas, sino el patrón —según ellos, dirigido puntualmente contra la estructura directiva del sindicato— y la falta de un análisis individual de las condiciones de estabilidad reforzada (discapacidad de hijos a cargo, jefatura de hogar, entre otras) antes de emitir cada resolución.

El marco legal en disputa

El eje jurídico de la controversia es la tensión entre dos figuras del derecho administrativo y laboral colombiano:

• Por un lado, la facultad discrecional del nominador para remover libremente a empleados de libre nombramiento y remoción (artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y artículo 2.2.11.1.2 del Decreto 1083 de 2015), que no requiere motivación y contra la cual, según la normativa vigente, "no procede recurso alguno" en virtud del artículo 75 del CPACA.
• Por otro, el fuero sindical y la estabilidad laboral reforzada (Código Sustantivo del Trabajo y convenios de la OIT sobre libertad sindical, especialmente el Convenio 98), que en principio exige un procedimiento previo para desvincular a trabajadores protegidos, incluso si ocupan cargos de libre remoción.

SINEDAPRE ya anunció que impugnará caso por caso mediante tutela para los afiliados en esta condición, lo que sugiere que la discusión de fondo —si estas insubsistencias vulneraron o no fueros específicos— se resolverá en la justicia, no en la vía administrativa.

Lo que pudimos averiguar en el DAPRE

Un funcionario de alto nivel del DAPRE confirmó extraoficialmente a La Nota, bajo condición de anonimato, la veracidad de la información recabada y señaló que las actuaciones responderían a una orden expresa de la jefatura de la entidad. Según esta fuente, La Nota investiga si dicha instrucción estaría relacionada con Carlos Andrés Ríos Puerta, cercano al presidente y señalado como financiador de su campaña presidencial. Esta versión constituye una hipótesis de investigación y no un hecho probado. La confirmación extraoficial no reemplaza el derecho a réplica.

Fuentes: información y testimonios de UNEPCOL (compartidos con permiso expreso de la organización), comunicado público de SINEDAPRE del 11 de septiembre de 2026, registro público del Consejo Nacional Electoral sobre financiación de campaña, y fuentes protegidas dentro de la entidad.

Quién escribe esta nota

David Novoa

Director general e investigador principal de gobernabilidad de La Nota

Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Se desempeña como investigador junior en temas de gobernabilidad, conflicto armado y calidad de la democracia. Ha sido analista de coyuntura nacional en medios de comunicación alternativos. Es columnista de opinión en revistas como Vía Pública y Al Poniente, y es colaborador editorial en espacios como El Espectador, EsDePolitólogos, la Revista Arista Jurídica, la Revista de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y la Registraduría Nacional.

Samuel Hernández

Editor general e investigador de políticas públicas de La Nota

Es editor general, columnista, investigador de políticas públicas y podcaster de La Nota. Actualmente cursa estudios de Ciencia Política. Ha tenido la oportunidad de escribir para EsdePolitólogos, la Gaitana periodismo independiente y la Revista Pública.