Memoria, tierra y poder: una historia que no ha terminado

Remar contracorriente requiere valentía, sacrificio y esfuerzo. En Colombia, esta ha sido la realidad de los grupos históricamente marginados (campesinos, indígenas, afrodescendientes), quienes han tenido que luchar para cambiar un régimen social, político y económico que les ha mantenido en segundo plano, les ha tratado como “daños colaterales” o “consecuencias inevitables” de un orden que supuestamente funciona en beneficio de la mayoría. Las élites han utilizado su poder para imponer sus intereses a través del miedo y las armas, así como mediante la manipulación de las narrativas, la historia y la memoria de los colombianos.

Los habitantes de Abya Yala, la Gran Colombia, la República de Nueva Granada, la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y ahora la República de Colombia tienen una característica en común: la lucha por la tierra, una demanda heredada que ha transmitido dolor, resentimiento e impotencia, pero, a la vez, la osadía y la fuerza necesaria para ejercer resistencia que permita reivindicar a cada persona que ha sido despojada no solo de sus tierras, sino de su dignidad y parte de su identidad y tradiciones.

Lo anterior demuestra que esta situación no es nueva, ni mucho menos surgió de manera espontánea; se trata de la historia de vida de múltiples generaciones de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, porque sí, este conflicto extiende sus raíces hasta el mal llamado “descubrimiento de América”, puesto que, realmente se trató de una invasión en todo sentido, legitimada y aceptada gracias a la manera en que ha sido escrita la historia, la cual, por supuesto le concedió un lugar de honor a las narrativas oficiales, que a su vez se encargaron de esconder la memoria popular, la versión de los marginados. 

Sin embargo, el pueblo constantemente busca la manera de hacer escuchar su voz y reclamar los derechos de los que nunca debieron ser despojados. La tierra representa resistencia y lucha por el poder, puesto que la decisión de cómo se reparte, quién es el dueño, qué uso se le va a dar y para quién o quiénes produce ha sido tomada por unos pocos mediante atropellos e injusticias, escondidas detrás de la figura del Estado (con la intención de otorgarle autoridad a sus decisiones e intereses).

Por otra parte, las promesas vacías y leyes engañosas han sido constantes. Diferentes gobiernos, sin importar el partido al que pertenecen o la ideología que pregonan, han asegurado “beneficiar” a las víctimas y “contribuir” a la justicia social; aunque, en el papel parezca ser cierto, en la práctica terminaba beneficiando al mismo 1% de siempre. 

Por ejemplo, con la Ley 114 de 1922 se autorizaba la colonización de baldíos. Concretamente las familias campesinas podían acceder a porciones de tierra para vivir, cultivar y vender lo producido. No obstante, dicha ley venía acompaña de ciertas artimañas que impedían que esto fuera una realidad, dado que las tierras parceladas de los grandes latifundios en realidad eran los terrenos menos apropiados para el cultivo. Además, el gobierno indemnizó a los terratenientes que cedían parte de su propiedad, supuestamente por la pérdida que esto representaba.

Otro caso que vale la pena mencionar es el de la Ley 200 de 1936 (Ley de Tierras), una cortina de humo que aseguraba que las tierras ya no serían reconocidas por un documento de propiedad, sino por la producción que tenía, es decir, si un campesino o campesina había trabajado esa tierra por al menos cinco años, podía reclamarla legalmente para lograr mayor igualdad. Pero la monstruosa realidad era que el campesinado no tenía como demostrar que esa tierra había sido trabajada por ellos, debido al desconocimiento de las leyes y el analfabetismo, mientras que los hacendados podían pagar abogados o cobrar favores políticos para conservar sus grandes latifundios por medio de violencia y represión. 

En conclusión, es necesario que los colombianos cuestionen el discurso que ha circulado a lo largo de la historia del país, un discurso cómplice del Estado, que ha pretendido encubrir las verdaderas causas de la violencia y la desigualdad que carcomen al pueblo. Un discurso cómplice de políticos que pretenden “solucionar” problemas históricos y estructurales a través de medidas fugaces y el uso de la fuerza. Una narrativa que invisibiliza las verdaderas raíces de la lucha por la tierra, que ha desangrado al territorio desde hace siglos, tachando de violentos y rebeldes a quienes buscan recuperar lo que les fue arrebatado y encontrar soluciones reales que no se limiten a promesas de campaña o reformas a medias.